Me parece razonable, en el contexto de una economía de libre mercado, que un ciudadano pague cara la adquisición de bienes de lujo, ya se trate de un perfume parisino, un coche de alta gama o un apartamento en Marbella. A fin de cuentas, se puede vivir sin todo eso. Es decir, no se trata de productos de primera necesidad. Pero que un anciano con una pensión de menos de cuatrocientos euros, o bien una madre en paro con dos hijos a su cargo, tenga que pagar como artículo de lujo el agua, la luz o el gas me produce asco, vergüenza e indignación.
Es decir, por ubicarnos: en un país como España esos servicios básicos, que las más de las veces son imprescindibles, están en manos de empresas privadas o privatizadas. Empresas que pactan entre ellas precios exorbitantes con el beneplácito y el amparo del gobierno de turno, y que, a la postre, hacen de su capa un sayo. Porque ancha, muy ancha, es Castilla cuando te asocias mafiosamente con un gobierno corrupto que te ríe las gracias, te aplaude y, además, te da una palmadita en el hombro mientras te dice machote.
Por muy habitual que sea, me parece inadmisible que haya empresas que se lucren, y hasta se enriquezcan, con las necesidades básicas de las personas. Encuentro un insulto a la dignidad humana que el lema de estas empresas, visto lo visto, sea algo como: Si puedes pagarlo, fenomenal; si no, te jodes. Me parece sobrecogedor que haya compatriotas que pasen frío y penurias mientras los sueldos de los directivos de esas empresas alcanzan cifras astronómicas y tienden al alza.
Yo estoy muy a favor del derecho a la vida, conste. Pero el derecho a una vida... digna. Maticemos. No a una vida de miseria. Porque nadie merece eso. Y, menos aún, aquellas personas más desfavorecidas o vulnerables, como las enfermas, las dependientes o los niños.
No, tranquilos, a mí no me paga un gobierno bolivariano, ni estoy afiliado al Partido Comunista, ni soy un bolchevique. Con todos mis respetos para los anteriormente mencionados. Simplemente, considero que, por ejemplo, las empresas del sector energético deberían estar en manos del estado. Un estado auspiciado por un gobierno honesto, justo y solidario que anteponga las personas a los beneficios económicos.
Parece sensato decir que tiene que dar más quien más tiene. Tanto como decir que en una sociedad genuinamente civilizada todos sus ciudadanos, sin excepción, deben tener, cuanto menos, cubiertas sus necesidades básicas (vivienda, energía, sanidad, educación, cultura, servicios sociales).
Pero hacer todo lo contrario, en un país tremendamente empobrecido, y vender la idea de prosperidad, es, simplemente, una estafa.
Una grandísima estafa.
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